Algo no cierra

Los Juegos Odesur no terminaron. Aunque la llama se apagó el 19 de noviembre, Uniodesur (el ente autárquico encargado) sigue en funciones y varios empleados pasaron por caja a principios de mes. Por éste y otros motivos, la Sindicatura General de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo lo investigan. La cosa vino complicada desde agosto del 2005, cuando Buenos Aires se tuvo que hacer cargo en medio de una crisis política interna. El costo original planteado por la Subsecretaría de Deportes porteña (entonces encabezada por Daniel Bravo) fue de $ 9 millones, de los que la Ciudad pondría cuatro. Y los ingresos, de $ 27 millones. La realidad (y la falta de un presupuesto por escrito) se encargó de demostrar el yerro. La Nación pagó 4.766.000 pesos por traslados y estadías y la provincia de Buenos Aires acercó 1,5 millón extra. Aunque no hay números exactos, la comuna porteña habría desembolsado $ 17 millones. La Sindicatura de la Ciudad se encargó de monitorear las actividades del ente dirigido por Jorge Rosental. Y en una serie de cinco informes dejó en claro las desprolijidades cometidas. Una de las quejas fundamentales pasa por los contratos laborales.

Por decreto 653/06, los empleados de Uniodesur debían respetar la escala salarial de la Ciudad, que establece un tope máximo de $ 3.000. Sin tener esto en cuenta, a los siete responsables de área se les establecieron retribuciones de $ 4.500. Además, se puso en tela de juicio, tanto por sus montos como por fallas formales, 81 contratos laborales, por $ 1.159.085. Entre las 71 observaciones realizadas existen varias por errores formales y otras por temas de fondo, como las falencias en el sistema de compras. Tras estudiar 22 expedientes, la Sindicatura detectó que el reglamento de compras interno que estableció Uniodesur se apartaba del Decreto 5.720/72 (de alcance a todas las reparticiones porteñas), incurriendo en fallas en el 98%, y hasta comprándole a empresas que no estaban registradas como proveedores.
Uno de los casos paradigmáticos es el de los equipamientos de pesas, estimado por la federación nacional en $ 220.000. Pero la empresa que ganó la licitación los cotizó en $ 565.000. El exceso fue presentado en una investigación de Olé. Entonces, se hizo otra subasta, ganada por el mismo proveedor, por un monto 30% superior al estimado por los especialistas. Otras operaciones cuestionadas de la organización fueron el manejo arbitrario de la caja chica (que en algunos casos llegó a más de $ 30.000) y los gastos sin debido control, por casi $ 200.000. Algunos son ilustrativos: $ 14.560 en lavandería; $ 30.250 por el alquiler de una disco para una fiesta, o $ 8.160 en una cena de camaradería. Por fuera de los documentos de la Sindicatura, otro tema preocupante es el destino de los insumos deportivos. Varias federaciones plantearon extraoficialmente su preocupación porque no cerraron los acuerdos para su utilización, mientras los elementos están en un galpón.

A pesar de que el diario Olé no es uno de mis preferidos, valoro este tipo de investigación que realizaron sobre unos Juegos que se realizaron a los tumbos y no quedó absolutamente nada claro cómo se organizó y quién tuvo la responsabilidad de llevarlos a cabo. Ojalá se investigue y no se repita nunca más, porque tiñe de sospecha al deporte nacional. Ni más ni menos.